¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

Ivan Fernando Montoya

Los servicios públicos en Colombia fueron prestados exclusivamente por el estado hasta 1991, cabe anotar que  a principios del siglo 20 estos eran prestados por particulares pero resultaba un servicio suntuoso al que solo tenían acceso algunos pocos, lo que llevo al estado a intervenir cada vez más para lograr los niveles de  cobertura, disponibilidad  necesarios para garantizar el bienestar y desarrollo de toda la sociedad colombiana, se construyeron acueductos, se creo un sistema de generación, transmisión y distribución de energía a través de las electrificadoras regionales, logrando así que a principio de los 90 tuviéramos un nivel de cobertura para la prestación del servicio de energía de más del noventa por ciento  de la población colombiana.

La era de los servicios públicos como función estatal termino en la década de los 90’s con la promulgación de la constitución de 1991,  en pocas palabras abrió la puerta  para que los servicios públicos se conviertan en objeto de lucro para capitales nacionales y extranjeros , precedido del mal manejo de las empresas públicas, que eran convertidas en el botín clientelista de los gobernantes de turno y de malas decisiones financieras  sumiéndolas  en deudas impagables ante organismos bancarios multilaterales que a la larga llevaron a que desmejoraran los servicios y quebraran.

La forma jurídica en la que se desarrollaron los nuevos preceptos constitucionales de los servicios públicos son la ley 142 y 143  de 1994, son muy importantes por que en primer lugar crean las reglas de mercado por las cuales se van a calcular los costos, precios , porcentajes y tasas con las que se van a regir las tarifas finales que deben pagar los usuarios, en segundo lugar porque en ella se establece un sistema de solidaridad en la que los más pobres reciben subsidios que terminan aumentando los costos de estos mismos servicios a las clases medias y empresariales.

Hoy las consecuencias de los procesos jurídicos y políticos que nos llevaron a este estado de cosas lo están asumiendo los usuarios, que ven como mes a mes tienen que destinar un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos al pago de los servicios públicos, precarizando a un más la estabilidad económica del pueblo colombiano impidiendo el emprendimiento y en general convirtiéndose en una especie de talanquera del desarrollo de los individuos, empresas y regiones.

Por eso debemos abrir una discusión en torno a la forma en las que se hacen las fórmulas con las que se calculan las tarifas de los servicios públicos, se revisen los impuestos, tasas y contribuciones para que no se grave al usuario final, revisar el consumo mínimo de subsistencia ya que la forma en la que este se calcula no tiene en cuenta los efectos del cambio climático y los cambios de consumo que han sufrido regiones que ahora son más calurosas, en tiempos donde nos obligamos a estar todos en casa por cuenta del coronavirus lo que seguramente aumento el consumo por encima de este mínimo, acarreando tarifas plenas que no son cubiertas por los subsidios y aumentan las tarifas.

Debemos pensar en un sistema de subsidios más incluyente aumentando los porcentajes y donde se incluya incluso sectores de pequeños, medianos comerciantes y empresarios, buscar que los subsidios los paguen los sectores más pudientes del país, no las capas medias de la sociedad. Finalmente hacer un llamado a la responsabilidad que tienen estas empresas que están en control de sectores estratégicos de la sociedad como son la electricidad y el gas para que no piensen solamente en los estados financieros de sus empresas si no en el bienestar y desarrollo de la región que de una u otra forma hemos puesto en sus manos.

 

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Defensor de los derechos de los ciudadanos, activista de la ciudad de Ibagué.

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