¿Energía para quién?

Por Jessica Acosta, @paodacosta

La única empresa prestadora del servicio de energía del Tolima Enertolima fue vendida hace casi 8 meses por un valor de 1,7 Billones de pesos a Celsia, empresa filial del Grupo Argos y una de las 10 grandes empresas más prósperas del 2019 según la revista Dinero. Celsia tuvo como punto más importante la adquisición del negocio de comercialización y distribución de energía en el Tolima, la desinversión de la térmica zona franca y la construcción de dos importantes plataformas de proyectos solares. Cerró el año anterior con un crecimiento del 72% en utilidad neta, de acuerdo a cifras publicadas por la revista Portafolio.

El Grupo Argos está conformado, entre otros, por fondos de pensiones y cesantías como: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO con un 22,73% quienes hacen parte del Grupo Aval, FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO con un 17,71% pertenecientes al Grupo Antioqueño y FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO con un 7,48% que corresponden al AFB Hábitat, lo que deja ver que la energía de los tolimenses está, en su mayoría, en manos de los bancos.

En el Plan De Desarrollo del Presidente Iván Duque (ley 1955 de 2019) en el artículo 313, se creó una nueva contribución en el servicio de energía representada en una sobretasa de $4 COP por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, destinada a los colombianos de estratos 4, 5, 6, al sector comercial e industrial y a los no regulados del servicio de energía eléctrica, girada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, cuyo fin es, solventar la crisis de Electricaribe.

La ley 1873 de 2017 en el artículo 104, establece dos formas de aplicar los subsidios de energía eléctrica a clientes residenciales de estratos 1, 2 y 3 de la siguiente manera: Un porcentaje de subsidio sobre el consumo de subsistencia de 173 KWh para alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y de 130 KWh para alturas superiores, es decir, Ibagué. Después de esta cantidad los kWh se facturan con tarifa plena. Los porcentajes de subsidio son: Estrato 1: 50%, Estrato 2: 40%, y Estrato 3: 15%. El estrato 4 no tiene subsidio y a los estratos 5 y 6 se les factura una contribución del 20% sobre el consumo total facturado. El subsidio es variable para Estratos 1 y 2, va entre el 50% y 60% para el 1, y entre el 40% y 50% para el 2.

Lo anterior indica que son los colombianos de la clase media mayoritariamente quienes están pagando la crisis de Electricaribe y son también  quienes no reciben subsidios pero tienen que pagar servicios públicos por valores exorbitantes. En el Tolima, pasa lo mismo que en todo el país, los trabajadores y pequeños empresarios no tienen cómo pagar los servicios públicos, especialmente la luz en sus residencias, ni en sus locales comerciales y tampoco reciben apoyos del gobierno nacional, departamental o del municipal. La ¨solución¨, de Celsia, facultada por la ley 142 de 1994 art 146 inciso 2, es promediar las facturas de negocios que se encuentren cerrados o funcionando de manera irregular desde hace un mes, es decir incrementar el consumo de forma irregular.

En contraste, el gobierno nacional mediante el Decreto 444 ha dispuesto recursos para los bancos que le significarán utilidades por 500 mil millones de pesos, demostrando claramente para quien se gobierna, no solo en épocas de normalidad sino de crisis como la que vivimos. Así mismo, por medio del decreto 558 de 2020 traslada la responsabilidad de los cotizantes de pensiones de menores ingresos de los fondos privados al único fondo público del país, COLPENSIONES, que deberá asumir el pago de dichas pensiones en medio de la crisis.

Es evidente que los únicos que no pierden con los efectos de la pandemia son los bancos. Es lo que sucede en países subdesarrollados con modelos neoliberales. La crisis termina pagándola los trabajadores, la clase media del país, los empresarios nacionales, quienes deben sobrevivir, pagar nóminas o ir a la ruina, sin ningún apoyo económico del gobierno nacional. La refinanciación de la deuda de hasta 36 meses con los mismos intereses no es ninguna solución, y al contrario incrementa en negocio del sector financiero monopolista. Muchos sectores han reclamado que los recursos vayan directamente a quienes lo necesitan, como a la Pymes, pero el gobierno de Duque prefiere facilitar el negocio al sector bancario y financiero.

Los municipios, de acuerdo con el Decreto 574 de 2020 tienen la potestad de subsidiar el pago de servicios públicos acudiendo a recursos de las propias empresas de servicios, tal es el caso de agua y saneamiento básico. Se requiere la voluntad de los mandatarios para que entiendan la necesidad de sus comunidades en estas circunstancias de dificultad especialmente para los estratos 1,2,3 y los pequeños y medianos empresarios.

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