¡EMERGENCIA CULTURAL!

La pandemia del Covid-19 está generando estragos devastadores en la salud, la economía, la educación y el comercio. La recesión mundial es un hecho. En Colombia los síntomas son catastróficos con la caída del PIB, al -15.7%, con un desempleo de más del 20% y el crecimiento de la deuda externa a más del 50% del PIB. El sector cultural ha sido el más afectado con una caída del 37.1%. La urgencia del confinamiento ha paralizado la actividad creadora y de gestión cultural directa y ha cerrado todos los establecimientos que le permitían contacto con el público. En un sector con el 66% de informalidad, los artistas, gestores culturales y la cadena de valor del arte se ven abocados al hambre ante la imposibilidad de continuar con su labor creativa, de gestión y de difusión, única fuente de sustento para la absoluta mayoría de ellos y sus familias.

En los últimos años, y en particular con la “apertura económica” la cultura y las artes y su cadena de valor han sido despojadas de su papel crítico y transformador de la sociedad y se las ha convertido con los TLC en una mercancía para usufructo de las grandes empresas multinacionales, que además de obtener una alta rentabilidad imponen sus criterios y sus contenidos, controlando peligrosamente para la nación el consumo cultural de los colombianos. El principio constitucional de la cultura como derecho ha desaparecido.
La actual crisis no ha servido para que el gobierno, resuelva los angustiosos problemas del sector y de sus trabajadores. Los cacareados recursos del ministerio para paliar la crisis ($230 mil millones), provienen del desvío de asignaciones existentes y el único aporte nuevo equivale al 1.04% de la suma anunciada. Llueven a cántaros decretos de emergencia que proponen el endeudamiento masivo, desvían los precarios recursos ya existentes que podrían mitigar la crisis y, así parezca absurdo, entregan gabelas de todo tipo a las multinacionales del espectáculo y de las comunicaciones. Valga una muestra:

1. El Decreto 474 que crea los Certificados de Inversión Audiovisuales y que rebaja la tasa impositiva hasta en un 35% para los inversionistas extranjeros.
2. El Decreto 475 que reduce la presentación de cortos nacionales en ¡salas de cine cerradas!, desvía las ayudas específicas de la Ley del Espectáculo Público y de la Estampilla Pro-cultura para enfrentar la crisis y acaba con el derecho a las pensiones para los artistas y los engloba en los miserables Beneficios Económicos Periódicos;
3. El Decreto 561 que traspasa el pírrico recurso destinado a la cultura proveniente del impuesto a la telefonía celular y lo destina a los artistas “vulnerables” a quienes beneficia con un mísero “ingreso solidario” de $160.000 mensuales ( ampliado a 3 meses con la resolución 0630), pero excluye a quienes reciban otros beneficios del asistencialismo neoliberal así como a una gran parte de la cadena de valor.
4. Los decretos 692 y 697 que potencian la Economía Naranja y uno de sus engendros, las Áreas de Desarrollo Naranja, para estimular la especulación urbana y enajenar el patrimonio material e inmaterial, despojando al Ministerio de Cultura de cualquier papel relevante y entregando su manejo al Viceministerio de Economía Naranja.
Pese a la oposición del sector cultural con argumentos fundamentados, la Ley de Modernización de las TIC entregó el espectro electromagnético a las grandes transnacionales de las telecomunicaciones. En la subasta del espectro un fondo de inversión, Partners, ofreció $1.7 billones, para luego retractarse y decir que fue un “error de digitación”. El dominio .CO se vendió a otro fondo de inversión y en 24 horas el ganador lo vendió a Go-Daddy. Mientras que en el 2014 Colombia recibió 109 millones de dólares, por su uso, ahora recibirá 11 millones aproximadamente. Como contraprestación dieron una cobertura para las empresas denominada “obligaciones de hacer” que le cuestan al Estado más de $2.2 billones sin control ni interventoría. ¡De esta manera entregan la soberanía de nuestro espectro electromagnético y el manejo de las comunicaciones a los grandes monopolios multi- media como ATT, Disney, Claro, Netflix, Amazon, Comcast, etc., denominados Over The Top (OTT)!

El Plan Nacional de Desarrollo continúa está política antinacional de implantación de la economía naranja: se autoriza la enajenación del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación implementando para su explotación mercantil las Alianzas Público- Privadas, APP; se promueve la inversión extranjera para la especulación al convertir “a Colombia en destino de inversión de fondos de capital extranjero para el financiamiento del sector”; se crean las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) “en donde confluyan la inversión privada nacional e internacional en espacios para los negocios creativos” y para estimular la especulación urbana; unifican la oferta y la demanda de contenidos creativos para “monetizar las obras” con los Mercados Integrados de Contenidos Originales, MICOS; establecen ejes para la “internacionalización creativa” y la “atracción de inversión extranjera directa”; y se expiden los Bonos Naranja, inicialmente por 400.000 millones, adicionados posteriormente con alrededor de un billón de pesos. ¡La cultura como coto de caza de los especuladores financieros! A las pymes, gestores culturales, técnicos, artistas y toda la cadena productiva de la cultura se los invita en esta crisis a endeudarse para sobrevivir o se les invita a “reinventarse” sin recursos o ayudas. Ofrecen medidas asistencialistas de ínfima cobertura, con listados de alcaldías y del ministerio, que en varios departamentos no han sido ejecutados, o lo han sido sólo parcialmente y que deben ser revisados por los entes de control pues muchos de los “beneficiados” no son artistas. A los artistas y las organizaciones culturales de base se los pone a competir por programas de “fomento” (becas, estímulos, concertaciones, etc.) con ínfimos montos y cobertura, y múltiples requisitos que dificultan una participación amplia. Por lo tanto, acaban casi siempre siendo adjudicadas a unos pocos que tienen la organización, la trayectoria y el músculo financiero, además de desatender una gran parte de la cadena productiva.

El ya pírrico presupuesto de cultura continuó recortándose: pasó de $419.000 millones en 2019 a $333.000 en 2020 y se proyectan $286.000 para el próximo año. Pasa de ser un 0.16% a un insignificante 0.11% del presupuesto.
En estos tiempos de pandemia están en juego la sobrevivencia del arte, la vida de los artistas, los valores éticos y estéticos de la población y la soberanía cultural nacional. Se tiene que aumentar el presupuesto del ministerio e instituciones culturales (al menos al 2% del presupuesto, como recomienda la UNESCO). Se deben aplazar deudas e hipotecas, congelar pagos de créditos, declarar la emergencia cultural y hacer ingentes inversiones destinando nuevos recursos para garantizar la sobrevivencia de la cultura. Es una prioridad instaurar un ingreso básico de emergencia inmediato e implantar la Renta Básica Universal, equivalente al menos a un Salario Mínimo Mensual Vigente para la sobrevivencia de los artistas y de toda la cadena productiva de la cultura, como lo plantea el Pliego de Emergencia del Comité Nacional de Paro, CNP.

Hemos planteado un Plan de Salvamento el cual no ha sido atendido y empieza a resultar la necesidad de un Pacto Social por el Arte, la Cultura y su cadena de valor para una recuperación que empezamos a ver cada día más difícil.

¡LA CULTURA ES UN DERECHO, UN BIEN DE PRIMERA NECESIDAD, ¡PARA SU EXISTENCIA SON NECESARIOS ARTISTAS, GESTORES CULTURALES Y NO INDIGENTES!

IPEE
FEGESCO
KABALA TEATRO
RED DE TEATRO DE QUINDIO
CUARTO CRECIENTE
ARTISTAS POR COLOMBIA, NODO NARIÑO Y PUTUMAYO
RED COLOMBIANA DE TEATRO COMUNITARIO
PLATAFORMA PUENTE CULTURA VIVA COMUNITARIA
ACADEMIA DE BAILE DE MEDELLÍN
RED DE TEATRO CARIBE
UNIDAD NACIONAL DE ARTISTAS
DITIRAMBO TEATRO
SINDICATO COLOMBIANO DE LAS ARTES- SICOLAR

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